El Ministro de Universidades, Manuel Castells, ha presentado en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Es el primer paso del trámite para su aprobación y el resultado de un largo proceso de consulta que el Ministerio de Universidades ha llevado a cabo durante el último año con los diferentes actores del sistema universitario, agentes sociales, órganos colegiados y grupos parlamentarios.
Este proceso de consulta ha supuesto la realización de 70 reuniones con órganos colegiados como la Conferencia General de Política Universitaria, el Consejo Estatal de Estudiantes, o el Consejo de Universidades, agentes sociales como los diferentes sindicatos mayoritarios y la CEOE y CEPYME, CRUE Universidades Españolas, los grupos parlamentarios y otros agentes de la comunidad universitaria. En estas reuniones se han recogido y contrastado las diferentes propuestas y posiciones de la comunidad universitaria y del conjunto de actores. Este trabajo de consulta y recopilación ha sido fundamental para el Ministerio de Universidades a la hora de redactar este Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema universitario.
La LOSU llega en un momento en el que es necesario afrontar los nuevos retos de la sociedad del conocimiento y, a la vez, superar los efectos de la crisis económica de 2008 provocados por las limitaciones presupuestarias y las tasas de reposición. Esto ha provocado situaciones de precarización, un excesivo envejecimiento de las plantillas y otras disfunciones que, en conjunto, han aumentado las desigualdades sociales y han puesto en riesgo la sostenibilidad, el acceso igualitario y la calidad del sistema universitario.
Apuesta por un sistema universitario de calidad
Uno de los principales vectores que ha vertebrado la acción de gobierno del Ministerio de Universidades en la actual legislatura ha sido la búsqueda permanente de la calidad del sistema universitario. Estableciendo criterios de calidad para la creación y reconocimiento de universidades.
En la LOSU se consolida este compromiso y además se introduce, por primera vez, la evaluación permanente de la calidad de la actividad docente del profesorado por parte de las universidades y el impulso de la innovación docente.
Se intensifica la importancia de las diferentes agencias, nacionales y autonómicas, de evaluación y acreditación reconocidas en Europa para reconocimiento de títulos y de la carrera del personal docente e investigador.
Asimismo, esta ley promueve una financiación suficiente de las universidades bajo el objetivo del incremento del gasto educativo en los próximos años.
