Intentar eludir responsabilidades es una cualidad más de cualquier político español. Sí, el Gobierno cometió una gran cantidad de errores, y sí, deberían de revisarse y sacar conclusiones. ¿Por qué? Por la razón más sencilla de todas: si no se analiza un problema, difícilmente se pueden elaborar protocolos o actuaciones de cómo hacerlo mejor la próxima vez.
Es evidente que el Gobierno ha incurrido en una serie de errores que, probablemente, sean delito. Por ejemplo, asegurar que existe un comité de expertos y luego confirmar la inexistencia del mismo y aquí, como siempre, no dimite nadie.
Pero, sobre todo, hablamos de un problema que es propio de los políticos españoles. Lo hemos visto en los Gobiernos anteriores del PP negando y renegando de la corrupción, evitando dar explicaciones y haciendo, como no puede ser de otra manera, que los fantasmas del pasado vuelvan en el peor de los momentos.
Cuando la responsabilidad es un problema social
Lo estamos viviendo ahora. Otra vez uno de los partidos que forma parte del Gobierno usa su poder para evitar dar explicaciones de sus acusaciones sobre corrupción, al mismo tiempo que se usa a la Fiscalía del Estado para entonar aquello de “esto ha sido culpa de la COVID”.
Aquí no se trata de ideología, se trata de establecer unos procedimientos y protocolos que hagan a todas las formaciones políticas iguales, sin importar si forman o no parte del Gobierno en ese momento.
Todos los ciudadanos/as de este país somos, en principio, iguales ante la Justicia. ¿Qué tal si nuestros políticos empiezan a tomar ejemplo?
El inicio del curso político ha dejado algo muy claro a los españoles: nuestros políticos no están a la altura del momento.
Mientras que la población española está en vilo por saber si se prorroga o no los ERTE, mientras los hospitales vuelven a colapsarse al mismo tiempo que se prevé recortes a los funcionarios; nuestros políticos siguen sin proponer soluciones reales ni acuerdos o propuestas que sirvan para sacar a España de esta crisis. Eso sí, van al Congreso de los Diputados para cobrar sus dietas.