La historia está repleta de grandes manifestaciones que marcaron un antes y un después. El Motín del Té (1773), La Toma de la Bastilla (1789), las manifestaciones alrededor de la Casa Blanca para reclamar el derecho al voto femenino (1917), la Marcha de la Sal (1930), la Marcha sobre Washington (1963), la Revolución Naranja (2004) o la Primavera Árabe (2010) entre otras. Ahora, en España será recordado el 8 de marzo de 2020 como el movimiento que puso en jaque la Separación de Poderes.
Los distintos expertos, informes y contrainformes no se ponen de acuerdo de si el 8-M afectó o no en el número de contagiados, aunque sea una obviedad. Tanto es así, que la jueza Carmen Rodríguez Medel se le encomienda la tarea de “investigar la responsabilidad del Gobierno al permitir las marchas del 8-M, los partidos de fútbol de la Liga ese fin de semana o el mitin de Vox en Vistalegre”. Y hasta aquí todo iba con normalidad.
Y entonces llegaron los problemas. Fíjense en un detalle, si el Gobierno hubiera asumido el error de permitir cualquier acto de más de 50 personas, si la ideología no se hubiera empleado como arma y si nuestros responsables políticos, todos, fuesen personas de estado; nada de esto habría pasado.
Sin embargo, el dogma de querer ocultar errores a cualquier precio, la idea soberana de hacer ver como verdad aquello que no es cierto, ha llevado al Gobierno de la nación ha poner en tela de juicio la separación de poderes.
La Separación de Poderes en un contexto democrático
Claudia Fuentes, en un análisis sobre la Teoría de la Distribución Social de Poder de Montesquieu, explica que “Montesquieu sostiene que la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial sólo podrá limitar el uso arbitrario del poder y salvaguardar la libertad y los derechos de los ciudadanos, si se combina con otro principio basado en su distribución social. Por esta razón describe un modelo institucional en el que la diversidad propia de una sociedad estamental –la sociedad inglesa– se integra formalmente a los poderes del Estado”.
En otras palabras, el Poder Legislativo se encarga de hacer de hacer leyes (Congreso de los Diputados, para que el Poder Ejecutivo (el Gobierno) pueda gobernar acorde a esas leyes. Finalmente, el Poder Judicial es quien garantiza el respeto a las leyes. Para que esto funcione correctamente, cada Poder debe ser independiente de los otros dos.
Adicionalmente, la Constitución Española recoge este hecho en su artículo 117 “La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley”.
Pues bien, el actual Gobierno de España se ha saltado la separación de poderes con el fin de salvaguarda su imagen por el caso del 8-M.
Las filtraciones y su repercusión política
Mejor dicho, las NO repercusiones políticas. El proceso estándar radica en que la jueza, en este caso, pide un informe a la Guardia Civil que le entrega para que ella valore. Como hemos establecido, la separación de poderes convierte en delito que el Gobierno intervenga en cualquier fase de este proceso. ¿Qué ha hecho el Gobierno? Intervenir en el proceso.
Por supuesto, siguiendo la premisa que marca a todos los ministros de nuestro país, Grande-Marlaska anunció el martes 2 de junio que no va a dimitir. Y hoy, 3 de junio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con su prórroga del estado de alarma ya pactada con grandes socios como ERC, EH Bildu y PNV, decía en el Congreso de los Diputados «viva el 8 de marzo”.
Con un total de 27.127 fallecidos, según datos oficiales, 133.00 empresas cerradas, 3.857.776 parados y casi 4 millones afectados por los ERTES, creo que no es el mejor momento para corear ningún cántico.
Al final “En un Estado, es decir, en una sociedad en la que hay leyes, la libertad sólo puede consistir en poder hacer lo que se debe querer y en no estar obligado a hacer lo que no se debe querer” (Montesquieu).
