Probablemente nunca se verán 349 votos a favor para sacar adelante unos presupuestos. Tampoco los veremos para cosas tan necesarias como un cambio en la Ley Electoral que no nos haga ir a votar dos veces las mismas elecciones porque sus señorías no alcancen acuerdos. Me atrevería a decir que no se pondrá fin a las puertas giratorias o al enchufismo. Menos aún, para sacar adelante a este país con la aprobación de una ley educativa decente. Así como, un apoyo necesario e incontestable al campo, o un guion para salir de esta crisis.
Sin embargo, sus señorías si están de acuerdo para una cosa: cobrar sin trabajar. El diario La Razón publica que “Los diputados han gastado dos millones de euros en dietas en la alarma”. De los 350 diputados que componen el Congreso de los Diputados solo Odón Elorza no cobró por desplazamiento y alojamiento, aunque solo 50 acudieron a la Cámara durante el estado de alarma.
Para que se hagan una idea, de las tres partes que compone el sueldo de un diputado la partida de “dieta” oscila entre los 1.959,62 euros para los diputados de circunscripciones distintas a Madrid y los 935,37 euros para los electos por la capital, según el mismo medio. Si tenemos en cuenta que 1.959,62 euros es más de lo que cobra un médico residente y 935,37 euros es más que el salario mínimo interprofesional en España, el panorama ante el que nos encontramos es desolador.
El primer deber moral de un político es servir de ejemplo para la ciudadanía. Sin embargo, esta clase de actuaciones nos muestra que queda mucho por hacer y, sobre todo, que para que exista una nueva política se requiere, de forma inequívoca, nuevos políticos.
La regeneración política se ha confundido con la reinserción política
En medio de todo este caso, el enchufismo sigue siendo la forma favorita de los políticos a la hora de contratar nuevo personal. El último caso es el de Ignacio Carnicero, íntimo amigo del presidente del Gobierno. A éste se le ha creado un puesto para él de la nada. 90.000 euros nada más y nada menos de sueldo. Por cierto, con los nombramientos de Montilla, José Blanco y a un consejero de Unidas Podemos en Enagás, más que terminar con las puertas giratorias, las están poniendo a trabajar al 100% de sus posibilidades.
Al mismo tiempo, desde Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), denuncian que hay miles de jóvenes investigadores/as y cantidad de proyectos científicos en ámbitos como la investigación oncológica que concluirán sus contratos antes de tiempo porque la AEI pondrá en la calle a estos profesionales tras el parón provocado por el COVID-19.
Durante el estado de alarma, este colectivo ha sufrido los efectos de las restricciones de la movilidad y de acceso a centros de investigación e instalaciones científicas pese a que ejercen tareas que requieren presencia física indispensable. Por ejemplo, de los más de 900 investigadores predoctorales contratados mediante ayudas correspondientes a la convocatoria FPI 2016 (para contratos predoctorales para la formación), solo 175 -menos de un 20% del total– podrán extender sus contratos para subsanar los problemas que la pandemia causó en el desarrollo de sus investigaciones.
El enfrentamiento constante entre partidos solo fomenta la crispación y eso acabará hundiendo, todavía más, una economía ya destrozada. España no iba en el buen camino antes de la crisis de la COVID19 y ahora estamos al filo de un rescate. O los políticos dejan atrás sus rencillas y empiezan a trabajar juntos o España tardará una década, como mínimo, en salir de esta crisis.
Un país polarizado, el otro resultado político
El Gobierno de coalición, los mismos que han rectificado más normas de las que han emitido y que han cruzado la línea roja de pactar con EH Bildu, la izquierda abertzale nada más y nada menos; empieza a entonar viejos cantos de sirena.
En este sentido, la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, habló de indicadores que muestran “cambios de tendencia” el pasado 18 de junio. Solo le faltó decir “brotes verdes” para confirmar que estamos, de nuevo, en la casilla de salida.
Esto solo ha avivado un debate político ya crispado, donde las fuerzas políticas no paran de reprocharse distintas cuestiones. Mientras que el Gobierno no es capaz de contabilizar bien los fallecidos por la COVID 19 y da cifras inferiores a las que da el Instituto Nacional de Estadística; Gobierno central y Díaz Ayuso están en una lucha sin sentido por los mayores muertos en las residencias.
La necesidad de acuerdos para sacar al país adelante no parece un tema de importancia para nuestros políticos. Así, sesión tras sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados asistimos a espectáculos dignos de Gran Hermano.
Y, por desgracia, este clima de crispación se traslada a la calle y encuentra en las redes sociales su vehículo perfecto para canalizar el odio. Ahondando todavía más en la España “de bandos” que tan rentable les parece a sus señorías a nivel electoral.
