La ley Celaá y el fin de la meritocracia

Celaá

“No es presentable para un país necesitado de seguridad que la política educativa cambie cada pocos años, que la falta de claridad en política agraria lleve al desaliento a los hombres de nuestro campo, que la administración se vea sometida a seísmos cada vez que hay un relevo en los puestos clave. No hay más política, señoras y señores, que la del esfuerzo común”.

Estas palabras pueden parecernos una obviedad y pensar que cualquier político actual, cansado de tantos vaivenes, llevamos 7 leyes educativas durante la democracia, ha lanzado la idea de un gran acuerdo. Pero no, no tenemos políticos de ese nivel en España.

El párrafo es un extracto del discurso de Adolfo Suárez emitido el 10 de septiembre de 1976. Fíjense lo bien que nos iría si alguien le hubiera hecho caso. En lugar de esto, vamos camino de la octava ley educativa y tampoco da respuesta a los problemas de la España actual.

 

Beneficios de la Ley Celaá

Es un hecho demostrado que hasta un reloj roto da bien la hora dos veces al día. La ley Celaá tiene el mismo síndrome. Si bien tiene grandes defectos que ahora analizaremos, posee un gran punto que hay que aplaudir “un pacto para blindar un suelo de inversión educativa del 5% antes de 2025”. Al igual que insiste en “la necesidad de tener en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad educativa”.

Estos dos puntos representan lo mejor de esta ley educativa. Sin embargo, cae en grandes errores que no van a llevar a puerto alguno. Sobre todo, en lo referido al esfuerzo individual. España necesita retomar una idea con las nuevas generaciones que se ha quedado en el olvido: la meritocracia existe. O, mejor dicho, debería de existir.

Si una persona que se esfuerza consigue el mismo resultado que una que hace menos, la primera se puede llegar a plantear ¿para qué sacrificarse? Y eso nos lleva a los datos de siempre. España es el país con mayor número de repetidores de la OCDE. Aunque en la última década la tasa de graduación en segunda etapa de Educación Secundaria ha crecido en España más de 19 puntos porcentuales, sigue estando a 5,6 puntos de la media de la OCDE. Además, el 18% de los españoles menores de 29 años ni estudia ni trabaja.

 

Celaá
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, responde a los grupos parlamentarios | Foto Congreso de los Diputados

Una ley educativa moderna y para las personas del siglo XXI distinta de la ley Celaá

Bajo mi punto de vista, una ley educativa debe ser de utilidad. Esta es la base sobre la que se debe erigir cualquier ley, pero sobre todo aquellas que tienen una repercusión tan significativa como la educativa.

Se hace fundamental trazar dos aspectos. Como he señalado, es realmente importante asumir como necesidad educativa la digitalización. Es algo que ha quedado patente con la crisis del COVID19. Pero tenemos que recuperar el esfuerzo.

Permitir que “la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una” es un error. Como lo es permitir la promoción de curso a estudiantes de secundaria que “tengan evaluación negativa en dos materias como máximo”. Del mismo modo ocurre con “La permanencia en el mismo curso se considerará una medida de carácter excepcional”. Y finalmente, contempla “En todo caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo dentro de la etapa”.

Más allá de la polémica con la concertada, el problema real radica en la falta de motivación que pueda encontrar el alumno que quiera destacar. De igual modo, sería necesario replantearse la apuesta por la actualización del currículo, “haciéndolo más flexible y competencial, dejando a un lado los contenidos enciclopédicos y memorísticos”.

 

Celaá
Etapas LOMLOE | Ministerio de Educación

 

Consenso, igualdad y puesta en común para una ley educativa del primer nivel

En el texto “Crítica de la educación por competencias” del Rey y Sánchez (2011) recuerdan la reflexión del filósofo francés Jean Claude Michea quien llama al “aprendizaje por competencias” la enseñanza de la ignorancia. La cual consiste en aprender destrezas y habilidades, prácticas técnicas y aplicaciones de saberes, pero sin necesidad de aprender y comprender esos saberes, conocimientos y tecnología (Michea, 2006).

Es importante desarrollar cualidades técnicas, pero no es menos importante el estudio para el desarrollo de un pensamiento crítico. Por lo tanto, ¿qué sería necesario? Un gran acuerdo por la educación.

Una ley que salga de la puesta en común de todos los partidos y que sea respaldada al 100% por el Congreso o, al menos, por el 75% del mismo. Tenemos que asumir las necesidades del siglo XXI y no dejar a un lado el conocimiento. En ese equilibrio se encontrará la ley educativa que necesita España.

¿Por qué no es positivo dejar a un lado los conocimientos enciclopédicos?

Una cosa a la que nos llevaría la pérdida de la memorización de algunos aspectos importantes de la historia, la ciencia o la tecnología es la pérdida de la ironía. Pues sería Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, 1985), del PSOE, la que estableció el actual régimen de conciertos.

Dicho hace 44 años: “No es lógico que cada Gabinete que llegue al Poder cambie de objetivos, cuya consecución solo se obtiene tras largos años de esfuerzos continuados. Las grandes líneas de la política exterior; el proyecto de hacer una España más humana y personalizada, que responda a esquemas básicos de política educativa y cultural; la elevación del nivel de bienestar de los que todavía no han alcanzado un mínimo justo, y tantas otras cosas, no pueden quedar sometidas a alternativas circunstanciales” Adolfo Suárez.

 

Javier Bustos Díaz | Experto en Comunicación Política