El constante esperpento político en el que vivimos, donde la política y su importancia han quedado relegadas a un segundo lugar en pro de argumentos vacíos, falacias varias y todo tipo de insulto a costa del contribuyente, hacen que cualquier sentencia tenga dos puntos de vista, un ganador y un perdedor. Por supuesto, depende de la ideología de quien tengas delante en ese momento.
El asunto es bien transparente: El Tribunal Supremo mantiene la responsabilidad al PP como partícipe a título lucrativo por haberse beneficiado de la trama de corrupción de Francisco Correa. Un solo perdedor, los ciudadanos y las ciudadanas que conforman la nación española.
Lo he dicho muchas veces: la corrupción es corrupción y no tiene justificación posible.
Creo, sinceramente, que el problema más grave que tenemos ante nosotros no es la propia corrupción, que ya es bastante nefasta; sino que por muchos casos que salgan a la luz pocas o ninguna medida se están tomando para intentar cambiarla.
Rajoy puede usar la sentencia para muchas cosas, pero no puede dar lecciones
El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha manifestado con relación a dicha sentencia. Así, explica en relación con estos hechos que: “El 31 de mayo de 2018 afirmé ante el pleno del Congreso de los Diputados que la sentencia de Gürtel «no condena al Gobierno de España ni a su presidente ni a ninguno de sus miembros». Y sigue: «no condena a ningún militante del Partido Popular y no recoge ninguna condena penal contra el Partido Popular. En resumen, toda la justificación de la moción de censura está construida sobre la base de una enorme manipulación de una sentencia que no es firme y además tiene un voto particular.»
La sentencia no exculpa al Partido Popular. Solo dice que: “No puede afirmarse que el Partido Popular fuera autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular”. En este sentido, y también en relación con la “caja b” “No se puede afirmar una responsabilidad penal sin acusación o defensa”.
Pedro Sánchez y Unidas Podemos deberían de contener la alegría y no usar la sentencia como arma
En sí, la sentencia recoge que se ha constatado que hubo un enriquecimiento ilícito en contra de los intereses del Estado. Por tanto, existe obligación civil de devolver esos 245.492 euros. Solo los ERE de Andalucía que implica a dos expresidentes de la Junta socialistas son 700 millones de euros. Y aquí no dimite nadie.
Ha puesto a la Fiscalía del Estado al servicio de partidos políticos y pretende reforma el Consejo General del Poder Judicial de una forma tan sumamente totalitaria que han tenido que llamar al orden desde Bruselas. “Las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembros deben hacerse siempre en consulta con todas las partes relevantes, incluida la Comisión de Venecia”, señala Christian Wigand, portavoz del departamento de Justicia de la Comisión Europea.
Javier Bustos Díaz | Experto en Comunicación Política
