Diversos medios de comunicación llevan hoy en sus portadas la siguiente información “Trabajo ultima un subsidio excepcional para 550.000 parados que han agotado las ayudas”. Suponiendo que la administración trabaje rápido, cosa que sabemos no va a ocurrir, vamos a asumir que el 1 de septiembre entran en vigor estas ayudas.
No sé si nuestros políticos saben que las facturas, el alquiler o hipoteca, así como otros gastos, se pagan cada mes. Si una persona agotó el paro cuando llegó la pandemia, hecho que ha ocurrido con bastante frecuencia; habrá pagado 6 meses de facturas antes de que el Gobierno haya sido capaz de poner en marcha una ayuda.
La incapacidad de gestión del Gobierno se intenta tapar escándalo tras escándalo, pero los organismos oficiales ponen en duda nuestro futuro como país mes a mes. En este sentido, la OCDE ha señalado que España es la economía industrializada más rezagada y la única que no ha crecido con relación a su entorno.
Los datos muestran que España no está recuperando terreno como sí hacen otras economías avanzadas. Nuestro país va en caída libre, y según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no veremos señales de recuperación hasta 2023. No obstante, España tiene un problema estructural para el que no tiene solución: hay más personas trabajando en el sector público que el privado.
El Gobierno de España siempre llega tarde
En un solo titular: “Pedro Sánchez y 16 de sus 17 ministros no han trabajado nunca en la empresa privada”. Según datos anteriores a la pandemia derivada de la COVID-19 en España hay 530.000 personas más dependientes del Estado que asalariados en el sector privado. Teniendo en cuenta que el sector privado, vía impuestos, mantiene al sector público podría decirse que tenemos un problema.
Y lo que todavía es más interesante, pese a que hay más personas en el sector público que en el privado, hoy hemos conocido que las empresas tecnológicas están desarrollando una serie de herramientas para que los funcionarios puedan resolver los trámites acumulados por durante el periodo de la COVID-19. Si hay más personas trabajando en lo público que en lo privado ¿cómo es posible que lo privado tenga que ayudar a lo público para que hagan su trabajo?
Más allá de lo absurdo de la situación, lo cierto es que España tiene un problema llamado administración pública. Nuestro país se ha convertido en una burocracia lenta e incapaz de sacar adelante un trámite en menos de 3 meses, y eso tienes suerte. Por desgracia, afecta a todos los sectores, incluyendo la salud.
O este Gobierno llega a un gran acuerdo con la oposición para que gobierne quien gobierne se siga una hoja de ruta preestablecida, o la ideología impuesta sin sentido entrará en confrontación que las condiciones de Europa y 2023 no será el año de la recuperación.
El problema de ir siempre por detrás de los problemas
Fíjense que el 30 de enero, no el 20 de marzo o el 1 de abril, la Organización Mundial de la Salud decretó el estado de alerta global por el coronavirus. Este mismo aviso se sucedió el 24 de febrero y el 28 de febrero, pero en está ocasión ya advertía a España que se preparase para la pandemia. El 2 de marzo fue la Unión Europa quien lo advirtió. España no hizo acopio de material sanitario, ni se planteó nada hasta el 9 de marzo. Casi tres meses tarde.
Ahora las ayudas que se propusieron cuando estalló la pandemia, se van a poner en marcha 6 meses después de su planteamiento.
Una crisis no se supera si vas siempre tres pasos atrás.
